¿Qué ganamos las mujeres con el boom de Vaca Muerta?

A un año del pacto YPF-Chevron

¿Qué ganamos las mujeres con el boom de Vaca Muerta?

Los políticos patronales como Scioli, Macri, Cobos, Massa y Sapag se pasean en helicóptero por Vaca Muerta mientras hablan del supuesto progreso que traerán los cuantiosos contratos con las petroleras como la multinacional Chevron, pero nada dicen sobre las consecuencias que esto traerá sobre las vidas de la población y de las mujeres en particular. El boom de Vaca Muerta es el boom de la trata y la prostitución en la Patagonia.

El Estado como garante y cómplice de las redes de trata

Ya en el 2010, antes de que se descubrieran los grandes yacimientos petrolíferos como Vaca Muerta, el Observatorio Petrolero del Sur (OPS) realizó un estudio alertando sobre esta situación alarmante para las mujeres. Mercedes Assorati, coordinadora general del programa Esclavitud Cero, denunció que el problema de la trata y la prostitución en el sur tiene una raíz histórica que nace junto con la industria petrolera: la concentración de hombres solos por tiempos prolongados de tiempo en lugares donde no hay mujeres propició la existencia de prostíbulos. Un caso paradigmático es el primer prostíbulo que hubo en Plaza Huincul, que funcionó a mediados de la década del 20’ bajo la tutela de YPF. Es decir que era el Estado mismo el que garantizaba que hubiera mujeres en estado de prostitución, constituyéndose así como un Estado proxeneta. Hoy en día, tras el acuerdo YPF-Chevron, ¿qué hace CFK para terminar con las redes de trata y prostitución?

Desde el gobierno dan cifras engañosas de las mujeres que han sido rescatadas a lo largo de estos años kirchneristas. Aun así los números son alarmantes. Según el Centro de Atención a la Víctima de Delito (CAVD), en Neuquén entre 2008 y 2013 se rescataron aproximadamente 4.700 personas y se detuvo a 1.600 individuos que participaban de redes delictivas, en el marco de 2.100 allanamientos. Desde Nación además se jactan de haber hecho una Ley contra la trata que en los hechos no está reglamentada, cuyas penas contra los tratantes son mínimas  y que con la reforma del código civil que impulsan, quieren volver a modificar en contra de las mujeres. Pretenden que se retroceda a la Ley contra la trata anterior a su modificación fechada en diciembre del 2012 –sancionada luego del escandaloso fallo que absolvió a todos los imputados en el caso Marita Verón-, volviendo a la situación de que la víctima deba aclarar si presentó consentimiento o no para ser prostituida.

 Mientras tanto cientos de funcionarios judiciales, políticos y policías se ven involucrados en casos de trata y prostitución con total impunidad. Como es el caso del juez kirchnerista Zaffaroni, dueño de departamentos que servían de prostíbulos, los intendentes de La Pampa imputados hace un par de semanas por permitir el establecimiento de prostíbulos en sus ciudades[1], o el reciente caso  donde seis policías de Buenos Aires fueron acusados de violar y prostituir a dos adolescentes. Pero más escandaloso es el caso denunciado por la Fundación Alameda, que denunció a Nestor Kirchner en diciembre del 2012, por  considerarlo cómplice de un Barrio Prostibulario llamado Las Casitas, que funcionó durante veinte años en terrenos fiscales que pertenecían a la intendencia. Kirchner siendo intendente firmó convenios con los proxenetas lugareños en 1989.[2] El gobierno kirchnerista no solo entrega nuestros recursos naturales a las multinacionales sino que también entrega las vidas de las mujeres y las niñas.

¿Cuánto vale la vida de las mujeres?

Las redes de trata y prostitución constituyen el segundo negocio ilícito más rentable después del tráfico de drogas, moviendo más de 32 millones de dólares anuales, y llevándose la vida de cuatro millones de mujeres al año, según la ONU. En Argentina permanecen desaparecidas alrededor de 700 mujeres, según Fabiana Túñez, de la ONG La Casa del Encuentro. También afirma que "Un proxeneta puede comprar una mujer secuestrada en 2.000 ó 3.000 dólares, pero hay subastas de adolescentes y niñas para ver quién le arranca la virginidad y eso se puede pagar hasta 7.000 dólares”. Bajo un gobierno que se dice de los derechos humanos, la vida de las mujeres parece no valer. En las ciudades petroleras de Neuquén, como Añelo, Rincón de los Sauces y Plaza Huincul, hay más casinos y prostíbulos que hospitales y polideportivos. En este negocio sucio los proxenetas esclavizan mujeres para explotarlas sexualmente y así cobrar por su uso, haciendo de las mujeres viles mercancías para el goce del prostituyente.

Las víctimas son por lo general de la clase trabajadora, mujeres pobres que son engañadas con promesas de trabajo falsas, o seducidas por un entregador con promesas de noviazgo. Muchas son inmigrantes (en su mayoría dominicanas y paraguayas), pero hay quienes son traídas desde otras provincias. Se ha comprobado que Neuquén no es ya una provincia solo de paso sino también de destino de muchas de estas mujeres. En los últimos años las redes de trata, obedeciendo a la demanda, también han elegido como blanco mujeres de más alto nivel económico y educativo, como el caso de Marita Verón y Florencia Pennacchi. Además los métodos de captación también han evolucionado, utilizando las nuevas tecnologías como las redes sociales y amparándose bajo falsas identidades en internet.

¿Cómo abordar la lucha contra la trata?

En Rincón de los Sauces, en julio pasado se aprobó una ordenanza para prohibir los prostíbulos, así como también whiskerías, casas de masajes, saunas, nights clubs y otras figuras que suelen aparecer como eufemismos para que el propio municipio habilite estos locales donde se sabía que se practicaba la prostitución. Se da luego del escandaloso allanamiento en febrero de este año, donde, en uno de los tres prostíbulos que se encontraban en pleno centro de la ciudad y a la vista de todos, hallaron 400 libretas sanitarias de mujeres que habían sido parte del “staff”, muchas de las cuales luego de un tiempo son trasladadas a otros prostíbulos. Desde nuestro punto de vista no alcanza solo con este tipo de leyes que luego los primeros en no cumplirlas son los jueces y funcionarios patronales. Además hay que organizarse, movilizarse y luchar por refugios para las mujeres rescatadas, administrados por mujeres organizadas independientemente. También es necesario que el Estado garantice la salud, la vivienda, la educación y el trabajo para que las mujeres víctimas de trata o en situación de prostitución puedan gozar de una vida digna, y forjar una identidad en las que no se perciban como meras mercancías.

Por último, si el petróleo se nacionalizara y estuviera bajo gestión de los trabajadores –como plantea una campaña impulsada por el PTS en el FIT-, la industria se manejaría de otra forma. No se  dañaría el medio ambiente con métodos como el fracking; la industria sería respetuosa con nuestros pueblos originarios; la salud de los trabajadores y sus familias sería un tema de primer orden, destinando parte de las ganancias a estas necesidades. En el mismo sentido una forma de mejorar su calidad de vida podría ser a través de la creación de espacios de recreación, como polideportivos y casas culturales para la juventud estudiantil y para los trabajadores y las trabajadoras. Con esta lógica se descartaría la creación de zonas rojas que se han intentado instaurar, por ejemplo, en Comodoro Rivadavia en el 2012 o en La Plata durante este año, porque desde una posición abolicionista, la comercialización con los cuerpos de las mujeres no debería considerarse una forma de recreación, dado que invisibiliza la violencia que sufren las mujeres en situación de prostitución.

Las mujeres debemos organizarnos por todos estos reclamos pero también es necesario que los trabajadores los tomen en sus manos para poder conquistarlos, para pelear contra la desigualdad que se profundiza con el boom petrolero. El boom de Vaca Muerta marca fuertemente dos caminos femeninos: querer ser la mujer de un petrolero o terminar en situación de prostitución en la ruta petrolera. En otras palabras, con el boom de Vaca Muerta ganan los empresarios, gana el capitalismo y también el patriarcado; pero bajo el régimen petrolero, las mujeres no ganamos nada más que opresión.

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[1]  Es el caso del intendente de 25 de Mayo, David Edgardo Bravo, imputado por participación necesaria en el delito de trata de personas. El jefe comunal de Lonquimay, Luis Enrique Rogers, acusado por la misma razón, en 2009 declaró: “No voy a cerrar el cabaret, es un lugar de contención para los jóvenes…es un lugar de esparcimiento para jóvenes y camioneros”. El intendente de Macachín, Jorge Cabak, y la intendenta de General Acha, Elena García, están sospechados por “incumplimientos de los deberes de funcionario público” al no denunciar  la explotación sexual de personas en sus localidades.

[2] Según la  ONG, Esclavitud Cero: “A principios de la década del 60 los burdeles estaban desparramados por toda la ciudad de Río Gallegos, en 1964 se agruparon en el Barrio Congreso. En 1979 las trasladaron al barrio Belgrano hasta que en 1989 el intendente de Río Gallegos, Néstor Kirchner resolvió radicarlas en terrenos fiscales por 15 años en las manzanas 639 «A» y «B», con la complicidad de todos los organismos del Estado. A cada proxeneta se le dio una parcela en comodato para realizar construcciones precarias donde funcionarían los prostíbulos en terrenos fiscales. A cambio, el municipio les cobró un “plus” o “canon” para realizar las actividades prostibularias, que nunca fueron de prostitución autónoma y mucho menos de cooperativas y siempre se realizaron con regenteo y proxenetismo como mínimo. Ese plus o canon que reza para la planilla municipal como tierras fiscales, limpieza y conservación fue de $4077,69 por año por Casita de Tolerancia o burdel. Durante 20 años, las 36 casitas prostíbulos que funcionaron en tierras fiscales aportaron al municipio $2.935.936,68, suma que surge de multiplicar el canon anual de cada casita por las 36 (a razón de $146.796,84) y multiplicarlo por las dos décadas que funcionaron hasta la denuncia de la Alameda y el allanamiento judicial. También se presenta documentación de la Municipalidad de Río Gallegos, donde consta que el traslado de los prostíbulos del Barrio Belgrano a donde finalmente se instalaron las Casitas fue planificado y consentido por la intendencia.”